EL GOBIERNO RESOLVIÓ TOMARSE TIEMPO PARA BUSCAR LA MEJOR
FORMA JURÍDICA QUE PERMITA REABRIR LAS INVESTIGACIONES
El Poder Ejecutivo frenó la anulación masiva de los actos administrativos de gobiernos anteriores que archivaron causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La decisión se tomó tras recibir un informe que advierte sobre «desventajas e inconveniencias» jurídicas.
El gobierno congeló su intención de reabrir las investigaciones por delitos cometidos en dictadura (1973-1985), luego de recibir informes profesionales que advierten sobre la existencia de «desventajas e inconvenientes» jurídicos en el desarchivo conjunto de las casi 88 causas, tal como planeaba hacer el presidente José Mujica, aseguró a Ultimas Noticias una fuente oficial.
El Poder Ejecutivo planeaba eliminar los actos administrativos de los gobiernos colorados de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2005-2010), y del nacionalista Luis Alberto Lacalle (1990-1995), amparado en lo que establece el artículo 4º de la ley de Caducidad, el cual otorga al presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido o no en la amnistía a delitos cometidos por militares. Esa maniobra permitiría al Poder Judicial desarchivar los asuntos que contenían homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto.
La eliminación de los actos administrativos, en cambio, ofrece el derecho a los involucrados a recurrirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que, en todo caso, no suspende la investigación judicial. Mujica firmó el 12 de mayo pasado la anulación de la resolución presidencial de Sanguinetti, por la cual el caso del militante comunista Álvaro Balbi (ver recuadro) no podía ser investigada. La resolución del presidente se fundamentó en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) referida a la desaparición en Uruguay de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García.
La reapertura de las causas en masa era una de las posibilidades barajadas por el presidente, mientras que la otra consiste en acceder a tal procedimiento cuando familiares realicen una solicitud.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo dará lugar al desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten. Sin embargo, aclaró, ninguna familia se ha presentado hasta el momento.
Mientras participaba de un agasajo en la embajada de Italia el jueves 2 de junio, el presidente Mujica admitió a Ultimas Noticias su intención de desarchivar las causas en breve. «Muy posiblemente lo vamos hacer», respondió el primer mandatario al ser consultado por tal posibilidad.
Mujica reconoció estar «preocupado» por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que recomendó a Uruguay eliminar la Caducidad por considerarla un obstáculo para las investigaciones y, en declaraciones el miércoles 25 de mayo al semanario Búsqueda, agregó: «Corresponde al Poder Ejecutivo viabilizar la investigación de todo eso que no se investigó».
La medida había sido reclamada por el Frente Amplio (FA) y los promotores de anular los efectos de la ley de Caducidad, que amnistió a militares de delitos cometidos en dictadura.
La posibilidad jurídica había sido sugerida por el catedrático Martín Risso al asistir a una comisión del Parlamento, cuando se estudió la anulación de la Caducidad.
COMIENZAN LAS INDAGATORIAS POR EL CASO BALBI
La Justicia comenzará esta semana a tomar declaraciones por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi, cuyo caso pudo ser reabierto tras el desarchivo ordenado por el Poder Ejecutivo. Se aportaron nuevos elementos a la causa y se citará a declarar a la viuda del militante, Lille Carusso, como una de las testigos, informó a Ultimas Noticias su abogado, Pablo Chargoñia.
Esa investigación judicial es el único caso de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985) desarchivado hasta el momento. El presidente José Mujica firmó la autorización para proseguir con el esclarecimiento de la causa el jueves 12 de mayo.
En 1985, la esposa de Balbi presentó una denuncia por «crimen con intencionalidad», debido a la muerte de su esposo en 1975 en el centro clandestino «Infierno Grande», instalado en el Batallón de Infantería N° 13.
Posteriormente, el presidente de aquel entonces, Julio María Sanguinetti, consideró que el caso estaba amparado por la ley de Caducidad y firmó un decreto que ordenaba el archivo del caso junto al entonces ministro de Defensa, Hugo Medina.
El decreto firmado por Mujica un mes atrás revoca ese acto administrativo por lo que el Poder Judicial al recibir ese decreto, reactivó la investigación.
Eso generó un rechazo por parte del ex presidente colorado, quien consideró que Mujica desconoció los pronunciamientos populares respecto a la Caducidad, donde se votó por mantener la norma.
