Cae, cobardemente abatido por delincuentes, un policía de 27 años, en vísperas del nacimiento de su primer hijo. No es sorprendente que el crimen, que indigna a toda la sociedad uruguaya, genere entre sus colegas una reacción de redoblada angustia. Pero por lo menos una de las propuestas de los gremios policiales ante el desgraciado suceso, explicable en estas circunstancias, debe ser repensada con la cabeza fría. No es con un paro que se sirve a la memoria del agente Wilkerson Saldanha.
El asesinato de un joven y apreciado agente policial y las desgarradoras derivaciones familiares del crimen -su esposa estaba embarazada a término del que sería su primer hijo- han conmovido a toda la sociedad uruguaya. Wilkerson Saldanha, de 27 años, fue rematado de un tiro en la cabeza, atontado y en el suelo luego de recibir otro proyectil en su chaleco protector. Oriundo de Artigas, era también el sostén de su madre y había llegado a Montevideo en plena crisis de 2002, buscando posibilidades de progreso que no encontró en su castigado departamento, por entonces el primero de Uruguay en vivir los efectos de un brote de aftosa.
Es perfectamente explicable que sus compañeros y sus superiores de la Policía sufran esta desgraciada circunstancia con una intensidad muy especial. El relato de este crimen provoca un nudo en la garganta de cualquier compatriota honrado. Que seguramente es sentido con una fuerza casi intolerable por quienes fueron sus colegas y compañeros de trabajo, que en estos tiempos cambiantes se manifiestan a través de organizaciones gremiales que expresan la rebeldía de la familia policial ante la injusta caída del joven agente.
Ocurre que, aún respetando la angustia que provoca el momento, conviene señalar que, entre las propuestas que en las últimas horas divulgó la prensa, las hay ajustadas a una actitud solidaria y generosa. Pero también las hay completamente desencaminadas, actuando como reflejo del error que otros gremios cometen ante la muerte de uno de sus miembros.
Entre las propuestas acertadas está la idea de donar a la esposa -y al niño que está por nacer- el producido de una hora de trabajo por el régimen del artículo 222. Se trata de tan solo 47 pesos, pero si se suman a la propuesta los miles de policías que trabajan en todo el país, el resultado será una cifra significativa. También, como ha ocurrido en algunos casos, las autoridades podrían decidir el otorgamiento de un empleo policial a la viuda, así como cualquier otro apoyo que atenúe a esa familia las penosas derivaciones económicas de una pérdida que ya es espiritualmente devastadora. Y además, no se puede dejar de señalar que la obligación de solidarizarse con la familia desgarrada no es solamente de sus compañeros de la Policía, sino de toda la sociedad.
Pero, junto a iniciativas completamente compartibles, surgen propuestas que en lugar de ayudar a resolver los problemas de seguridad pública que son el trasfondo de este asesinato, contribuyen a agravarlos. Nos estamos refiriendo en especial al planteo gremial -del que ayer informó Ultimas Noticias en su nota de portada- de decretar un paro de 24 horas en la prestación del servicio 222 en el caso de que un policía muera en el cumplimiento de su deber. Esta propuesta es enteramente desencaminada. No es para nada un homenaje al caído, sino un favor para los delincuentes y un castigo para la gente honesta que demanda y requiere más protección.
Ocurre que en Uruguay este tipo de paros ya tiene una larga -y equivocada- tradición. Porque -por ejemplo- los taxistas han decidido castigar a sus honestos clientes toda vez que uno de sus colegas es asesinado por un delincuente. La medida no contribuye a la difusión pública de los casos ni a excitar el celo de las autoridades: ni el ministro del Interior ni los policías viajan en taxi. No obstante, el paro se ha hecho automático y hasta ha ocurrido que los transportistas se perjudicaron a sí mismos y a la gente cesando el servicio tras un crimen pasional del que fue víctima un colega. A veces, con un poco más de razón, también paran los trabajadores de la construcción cada vez que un accidente siega la vida de uno de sus compañeros. La teoría es que el paro se justifica en la demanda de mejores medidas de seguridad, pero en realidad se para automáticamente, haya o no habido omisiones en este terreno.
La idea sensata es que el mejor homenaje que la Policía puede hacer al agente caído es capturar a los culpables y someterlos a la Justicia para apartarlos de la sociedad por muchos años y salvar a todos de la amenaza que representa gente capaz de rematar a un ser humano ya indefenso, en el suelo, con un tiro a mansalva en la cabeza. En realidad, lo peor que puede ocurrir a la sociedad es que uno o ambos de los autores del crimen sean menores. Así un homicidio muy especialmente agravado, que aparejó el dolor de una familia, la angustia de pensar en un hijo que nace sin padre en un hogar muy modesto y la indignación de una sociedad que se siente amenazada, se convertiría nada más que en una anotación en un legajo ya seguramente muy nutrido y que se eliminará al cumplir los 18 años.
Días atrás, se señalaba en estas columnas que existen medidas capaces de hacer un aporte importante en favor de la seguridad pública. Una de ellas es tipificar como delito el porte de armas por parte de personas con antecedentes por delitos violentos. Otra, realizar urgentemente las modificaciones legales necesarias para bajar la edad de inimputabilidad.
Lo que es seguro es que la memoria de Wilkerson Saldanha -que murió enfrentando delincuentes- estará mejor servida por policías que cumplen su deber. Y jamás por quienes opten, en una circunstancia así, por dejarle el camino abierto a los delincuentes para seguir agrediendo a la sociedad uruguaya.
