El Pais 24

Impositiva rechazó competencia de la Justicia en el caso

El organismo presentó ayer un escrito ante el juzgado para contestar la demanda del grupo empresarial.

La Dirección General Impositiva (DGI) contestó ayer la demanda que inició Francisco Casal en febrero pasado, solicitando que el organismo recaudador defina la situación en torno a los impuestos que debe pagar por su actividad, ya que está siendo investigado desde hace seis años, pero todavía no existe una resolución.

Según pudo saber Ultimas Noticias, en el escrito presentado ayer ante la jueza civil Marta Alves, la DGI argumenta que la Justicia no es ámbito para dirimir criterios impositivos ni para determinar montos adeudados, por lo que reclama que el caso vuelva a la oficina del organismo, donde se encontraba antes de la demanda.

Por otra parte, a juicio de la Dirección de Rentas, la jueza actuante en el expediente todavía no asumió competencia en el caso, ya que recién ayer la parte demandada contestó la acción. Esta visión se contrapone con el criterio de los abogados de Casal, que sostienen que la magistrada ya decidió tramitar la causa.

En febrero, Casal demandó al organismo recaudador reclamando un pronunciamiento en torno al funcionamiento de sus empresas, las cuales están siendo investigadas desde el año 2002, aunque no existe una definición. La DGI entiende que esta actividad está comprendida en el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (Irae).

Técnicamente, la acción judicial del contratista, que es representado por los abogados Leonardo Costa y Óscar Brum -quienes entienden que Casal no debe pagar ningún gravamen- se denomina “acción declarativa de certezas”, ya que a través de la demanda se solicita que la DGI establezca qué impuestos debe pagar el empresario. Además, Casal solicitó una medida de “no innovar”, de manera de inhabilitar a la DGI a solicitar el embargo. 

Pero, la jueza Alves, el 26 de febrero pasado desestimó la solicitud del contratista, lo que permitió a la Impositiva pedir la medida cautelar ante otra sede judicial, la cual fue aprobada el pasado miércoles por la jueza Loreley Opertti.

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