El expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrentó este martes su primera jornada de juicio oral ante la Primera Sala de la Corte Suprema, en un proceso que podría marcar un precedente histórico en la política del país. Acusado de golpismo, junto a otros siete exfuncionarios y aliados, Bolsonaro se expone a una condena que podría alcanzar los 40 años de prisión, en caso de que la sentencia se incline en línea con la petición de la Fiscalía.
La acusación de la Fiscalía
El fiscal general, Paulo Gonet, fue categórico en su intervención. Señaló que los hechos ocurridos tras las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, constituyeron un intento deliberado de quebrar el orden democrático y establecer lo que denominó “una verdadera dictadura”. Según la acusación, el expresidente alentó a sectores militares y civiles a desconocer los resultados electorales, alentando movilizaciones que desembocaron en el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Gonet argumentó que no se trató de hechos aislados ni espontáneos, sino de un plan coordinado para desestabilizar la democracia brasileña. “Los acusados buscaron crear el caos institucional para, en ese vacío, instaurar un régimen de excepción”, afirmó el fiscal, pidiendo una condena ejemplar para Bolsonaro y sus colaboradores.
El rol del juez y el tono de la jornada
El juez instructor de la causa dejó entrever que el tribunal no tomará con indulgencia las acciones investigadas. En su intervención, recordó que la Constitución brasileña establece como pilar la preservación de la democracia, y que cualquier atentado contra ella “debe ser sancionado con el máximo rigor”. Esta declaración fue interpretada por analistas como un anticipo de que la sentencia podría inclinarse hacia la severidad.
Alegatos de las defensas
Durante la primera sesión, se escucharon cuatro de las ocho defensas. Los abogados coincidieron en remarcar que no existió un plan de golpe de Estado y que la imputación está basada en interpretaciones políticas más que en pruebas concretas. La defensa de Bolsonaro sostuvo que el expresidente jamás ordenó ni apoyó acciones violentas y que sus discursos posteriores a la derrota electoral se inscriben dentro de la libertad de expresión.
Otros defensores apelaron a la idea de que se intenta convertir a los acusados en “chivos expiatorios” de una crisis política y social más amplia. Argumentaron que los hechos del 8 de enero deben ser investigados, pero que no se puede atribuir responsabilidad directa a Bolsonaro ni a sus colaboradores más cercanos sin evidencias concluyentes.
La reacción de Trump
Trump ha defendido a Bolsonaro en varias ocasiorenes, calificándolo como un “gran líder” y sugiriendo que es víctima de una persecución política. En esa línea, respondió con dureza al juicio contra el ex presidente, imponiendo sanciones a varios jueces del Supremo de Brasil, entre ellos Alexandre de Moraes, e incrementando en un 50 % los aranceles sobre parte de las importaciones brasileñas.
Según Washington, estas medidas son una represalia frente a lo que califican como una “caza de brujas” contra el expresidente y aliado político de Trump. Sin embargo, De Moraes se mantuvo firme y declaró que “estas tentativas de obstrucción no afectarán a la imparcialidad y la independencia de los jueces de este tribunal”, reafirmando la postura del Supremo frente a presiones externas.
Brasil: ¿»Caza de brujas» o Juicio justo?
En Brasil, la opinión pública está dividida. Una parte de la sociedad, especialmente los seguidores más fieles del expresidente, sostiene que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” impulsada por el gobierno de Lula y por la Corte Suprema, a la que acusan de parcialidad. Sin embargo, amplios sectores políticos, académicos y de la sociedad civil celebran que se lleve adelante el juicio como una forma de reafirmar la vigencia de las instituciones democráticas.
Medios locales destacan que el desenlace del caso no solo definirá el futuro personal de Bolsonaro, sino que también marcará la capacidad del sistema judicial brasileño de responder a los intentos de erosión democrática.
Lo que viene
El juicio continuará durante la próxima semana, cuando se escucharán los alegatos de las defensas restantes. Una vez concluida esta etapa, la Corte Suprema entrará en deliberación. Si bien no se espera un veredicto inmediato, el proceso avanza con la mirada atenta tanto de la sociedad brasileña como de la comunidad internacional, que observa cómo el país enfrenta una de sus pruebas democráticas más duras desde el fin de la dictadura militar en 1985.
