Tras más de doce horas de intenso debate parlamentario, Uruguay ha dado un paso histórico en el camino hacia la legalización de la eutanasia. En la madrugada del miércoles, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de ley de muerte digna, con 64 votos a favor y 29 en contra. Esta decisión marca un hito en la discusión sobre los derechos individuales y el final de la vida en el país sudamericano.
El texto, que busca permitir la eutanasia bajo estrictas condiciones, ahora deberá ser evaluado por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, compuesta por nueve legisladores. Si es aprobado en esta instancia, pasará al pleno del Senado para su votación definitiva. En caso de recibir luz verde por ambas cámaras, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Un debate que moviliza a la sociedad
El avance legislativo es el resultado de años de debate social y político impulsado por organizaciones como Empatía Uruguay, un colectivo que promueve el derecho a una muerte digna. Su trabajo ha contribuido a poner en la agenda pública un tema complejo y profundamente humano, que toca cuestiones éticas, médicas y jurídicas.
La ley contempla que los pacientes mayores de edad con enfermedades incurables o sufrimientos físicos o psíquicos intolerables, puedan solicitar de forma voluntaria y consciente la eutanasia, con supervisión médica y garantizando su consentimiento informado.
Uruguay podría unirse a una minoría en América
De aprobarse definitivamente, Uruguay se convertiría en el tercer país del continente americano en legalizar la eutanasia, sumándose a Colombia, que la despenalizó en 1997 y la reguló en 2015, y a Canadá, donde el Parlamento aprobó la Ley de Asistencia Médica para Morir (MAiD) en 2016. A nivel mundial, solo un puñado de países han adoptado leyes similares, entre ellos, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y España.
Próximos pasos y desafíos
El debate en el Senado se anticipa igualmente intenso. Aunque el respaldo en Diputados fue mayoritario, el tema divide tanto a la sociedad uruguaya como a sus representantes políticos. Grupos religiosos, asociaciones médicas y sectores conservadores han expresado su oposición al proyecto, mientras que defensores de los derechos humanos lo consideran un avance hacia una mayor autonomía individual.
Sea cual sea el desenlace legislativo, Uruguay ya ha abierto la puerta a una discusión profunda sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir, en condiciones de dignidad, libertad y respeto.
