A cuatro días del cierre del Gobierno en Estados Unidos: vuelos afectados e incertidumbre para los contratistas federales

Cuatro días después del cierre del Gobierno en Estados Unidos: los contratistas federales, los grandes perjudicados: un país paralizado por la falta de acuerdo.
Han pasado cuatro días desde que el Gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente por la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso. La parálisis administrativa afecta a miles de agencias federales y a millones de trabajadores, tanto empleados públicos como contratistas. Aunque este tipo de cierres no son inéditos en la historia del país, el impacto económico y social vuelve a sentirse con fuerza, especialmente entre quienes no recibirán compensación alguna una vez que la situación se normalice.

Empleados federales: sin salario, pero con pagos retroactivos garantizados

Durante un cierre gubernamental, los empleados federales dejan de percibir su salario, incluso aquellos considerados esenciales, como los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que continúan revisando pasajeros y equipajes en los aeropuertos. Sin embargo, la ley estadounidense establece que, una vez reabierto el Gobierno, todos ellos recibirán los sueldos atrasados.

Esto significa que, aunque sufren la incertidumbre y las dificultades temporales, los trabajadores federales tienen la garantía de que cobrarán lo que se les adeuda. Esa protección legal no alcanza a otro grupo igualmente importante en el funcionamiento del Estado: los contratistas federales.

Los contratistas, los más afectados por el cierre

A diferencia de los empleados públicos, los contratistas federales no reciben pagos retroactivos cuando termina un cierre del Gobierno. Estos trabajadores, que prestan servicios esenciales como limpieza, mantenimiento, seguridad o preparación de comidas en edificios oficiales, dejan de percibir ingresos desde el primer día en que cesan sus actividades.

Si los edificios permanecen cerrados o los contratos se suspenden, no hay tareas que realizar ni pagos que reclamar. En consecuencia, miles de familias se enfrentan a la pérdida inmediata de sus ingresos sin certeza sobre cuándo podrán volver a trabajar. En ciudades como Washington D.C., donde gran parte de la economía local depende de contratos federales, el impacto económico comienza a sentirse con fuerza.

El cierre afecta también a los aeropuertos

El sector aéreo ha sido uno de los primeros en resentirse por la falta de personal y el descontento de los trabajadores esenciales. Agentes de la TSA y controladores aéreos deben seguir trabajando sin cobrar, lo que ha provocado ausencias, retrasos y congestión en aeropuertos de todo el país. En algunos casos, torres de control han operado con dotaciones mínimas, generando demoras y cancelaciones de vuelos.

Los sindicatos del sector advierten que, si la situación se prolonga, podría verse comprometida la seguridad operativa. Los viajeros, por su parte, ya experimentan las primeras consecuencias: largas filas, tiempos de espera más extensos y cancelaciones de último momento.

Consecuencias sociales y económicas

El cierre del Gobierno no solo impacta en los trabajadores, sino también en los ciudadanos que dependen de programas y servicios federales. Muchos departamentos reducen su personal, suspenden pagos o cierran temporalmente oficinas, afectando la atención en áreas como asistencia social, vivienda, salud o educación.

Para los contratistas, esta parálisis puede ser devastadora. Sin un marco legal que garantice el pago retroactivo, muchos podrían perder su estabilidad económica o incluso sus empleos. Pequeñas empresas proveedoras del Estado enfrentan el riesgo de no poder sostener sus operaciones si la interrupción se prolonga varias semanas.

Incertidumbre política y presión sobre el Congreso

Mientras tanto, las negociaciones en el Congreso continúan estancadas. La falta de consenso entre republicanos y demócratas mantiene bloqueado el presupuesto y agrava el costo político de la crisis. El presidente ha instado a los legisladores a actuar con responsabilidad y a aprobar los fondos necesarios para reabrir el Gobierno, advirtiendo sobre el daño económico que cada día adicional de parálisis genera.

Por ahora, la reapertura parece incierta. Los empleados públicos esperan el regreso a la normalidad, mientras los contratistas, sin red de protección ni compensaciones aseguradas, se convierten en las víctimas silenciosas de un cierre que golpea tanto a las instituciones como a la vida cotidiana de miles de estadounidenses.