El impacto económico de las deportaciones masivas en EE.UU.: una política que podría salir cara
Un nuevo análisis del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, la universidad a la que asistió Donald Trump, advierte que las deportaciones masivas propuestas como eje central de su mandato podrían tener consecuencias económicas negativas para Estados Unidos. Lejos de fortalecer la economía, como argumenta el presidente, la expulsión sistemática de inmigrantes no autorizados podría erosionar los salarios, reducir el PIB y agravar el déficit fiscal del país.
La paradoja de los salarios más bajos
Uno de los argumentos habituales en contra de la inmigración irregular es que presiona a la baja los salarios de los trabajadores locales. Sin embargo, el estudio de Penn Wharton demuestra lo contrario: si se expulsa cada año al 10 % de los inmigrantes no autorizados durante cuatro años consecutivos, el salario promedio de los trabajadores caería de forma significativa.
Este fenómeno se explica en parte porque muchos inmigrantes ocupan empleos en sectores esenciales, como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y la hostelería. Al reducir la oferta laboral de forma abrupta, se generaría un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores, dificultando la operación de miles de empresas. Menos productividad, menos ingresos y, paradójicamente, menos capacidad de negociación para el resto de los empleados.
Caída del PIB y aumento del déficit
El análisis estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se reduciría un 1 % como consecuencia directa de las deportaciones masivas. No se trata de una cifra menor: implica una desaceleración económica en un momento en que el país enfrenta desafíos globales, inflación persistente y necesidad de mantener su competitividad internacional.
Al mismo tiempo, el déficit presupuestario del gobierno federal se incrementaría en 350.000 millones de dólares. Esta cifra combina la pérdida de ingresos fiscales, porque menos trabajadores significa menos contribuyentes. También el aumento del gasto público asociado a las expulsiones: operativos policiales, tribunales migratorios, ampliación de centros de detención, transporte y refuerzo de la seguridad fronteriza.
Costos de una política restrictiva
Implementar una política migratoria basada en la expulsión masiva de trabajadores es costoso y logísticamente complejo. Las inversiones requeridas en seguridad interior, infraestructura carcelaria, personal legal y operativo son multimillonarias. Y los efectos colaterales incluyen la interrupción de cadenas productivas, la reducción del consumo y el debilitamiento de comunidades enteras.
Las deportaciones masivas también afectarían sectores como el agrícola, que depende en gran parte de mano de obra inmigrante para la cosecha y procesamiento de alimentos. Lo mismo ocurre en la construcción, la atención sanitaria domiciliaria y los servicios de limpieza. Al disminuir la oferta de trabajadores en estos campos, el costo para el consumidor final podría aumentar, alimentando presiones inflacionarias adicionales.
Una fuerza laboral que sostiene la economía
Contrario al discurso político, muchos inmigrantes indocumentados pagan impuestos, contribuyen a los sistemas de seguridad social y son parte esencial del funcionamiento cotidiano de la economía estadounidense. Su expulsión forzada no solo representa un drama humanitario, sino también un golpe a la estabilidad del mercado laboral.
El informe de Penn Wharton pone en duda la eficacia económica de criminalizar la inmigración como estrategia de crecimiento. En vez de fortalecer la economía, las deportaciones masivas podrían debilitarla desde sus cimientos. Y en un momento en que Estados Unidos necesita atraer talento, innovación y dinamismo, cerrar las puertas podría ser un error estratégico de gran magnitud.
¿Una promesa política con alto costo?
Conclusión: las políticas migratorias impulsadas por Trump podrían tener efectos profundamente negativos en la economía de Estados Unidos. Reducir salarios, frenar el crecimiento y disparar el déficit no son consecuencias menores. La retórica dura puede ganar votos, pero como sugiere el análisis de su propia alma máter, las implicancias económicas de estas medidas podrían ir en contra de los intereses del país. En lugar de deportar fuerza laboral, quizás sea momento de integrarla con inteligencia y justicia.
