Sentencian al expresidente de Colombia Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria

La justicia colombiana ha dictado una sentencia histórica: el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado este sábado a 12 años de prisión domiciliaria tras haber sido declarado culpable de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión judicial marca un giro trascendental en la política del país, al tratarse del primer exmandatario colombiano condenado por la vía penal. La defensa de Uribe ya anunció que apelará el fallo, mientras el propio exmandatario reiteró su inocencia a través de sus redes sociales.

Álvaro Uribe, del poder a la condena

Álvaro Uribe Vélez, nacido en Medellín en 1952, fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Su figura ha sido una de las más influyentes y controvertidas de la política colombiana de las últimas décadas. Durante sus dos mandatos presidenciales, lideró una política de mano dura contra las guerrillas, especialmente las FARC, enmarcada en su estrategia de “seguridad democrática”, que logró reducir significativamente los niveles de violencia en varias regiones del país. Sin embargo, su gobierno también fue objeto de múltiples cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos, vínculos de aliados políticos con grupos paramilitares y escándalos como el de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos».

Tras dejar la presidencia, Uribe continuó activo en la política como senador y fundador del partido de derecha Centro Democrático, desde el cual apoyó la elección de Iván Duque en 2018 y se mantuvo como líder ideológico del uribismo.

¿En qué consiste el caso judicial?

El origen del proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda, del partido opositor Polo Democrático, presentó denuncias que vinculaban al expresidente con la creación de grupos paramilitares en Antioquia durante los años 90. Uribe respondió con una denuncia penal contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que no había mérito para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe por presuntamente haber intentado manipular a testigos para perjudicar al senador opositor.

Las pruebas reunidas por la Corte y posteriormente por la Fiscalía indicaron que Uribe, a través de intermediarios, habría ofrecido beneficios y dinero a exparamilitares presos a cambio de testimonios falsos que desacreditaran las acusaciones en su contra. Entre los testigos clave del proceso se encuentran excombatientes que afirmaron haber sido presionados para modificar sus declaraciones. En 2020, Uribe fue puesto bajo detención domiciliaria de forma preventiva, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano en vivir esa situación. No obstante, el caso fue trasladado luego a la justicia ordinaria y el proceso continuó bajo la Fiscalía.

Finalmente, tras un largo litigio judicial, un tribunal de Bogotá lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia de 12 años en prisión domiciliaria responde al hecho de que Uribe tiene más de 70 años y no representa, según el tribunal, un riesgo de fuga ni una amenaza inmediata para el proceso judicial.

Reacciones y consecuencias

Álvaro Uribe reaccionó a la condena afirmando: “Me condenan por defender mi honor”. Su defensa sostiene que el proceso tuvo irregularidades y asegura que presentará un recurso de apelación. El caso divide profundamente a la sociedad colombiana: mientras sus seguidores lo consideran víctima de una persecución política, sus detractores celebran la decisión como una señal de que en Colombia ningún ciudadano está por encima de la ley.

La condena a Uribe no solo tiene impacto judicial, sino también político. Su figura ha sido central en la derecha colombiana y su legado continúa influyendo en la política actual. Esta sentencia podría debilitar al uribismo y reconfigurar el panorama electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Aunque todavía resta el proceso de apelación, el fallo marca un hito en la historia reciente del país y representa un desafío institucional para la democracia colombiana, en un contexto de creciente polarización y desconfianza en las instituciones.